Este viernes, respondiendo a las solicitudes hechas por la Fiscalía el pasado 22 de febrero de 2023, la Corte aseguró que existen motivos suficientes para creer a los señalados como presuntos responsables de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, lo que supone un crimen de guerra.
Si bien las órdenes son secretas para proteger a las víctimas y testigos, la CPI señaló que, en este caso, el conocimiento público de las órdenes puede contribuir a la prevención de la comisión de nuevos delitos.
Fue así como la Sala autorizó a la Secretaría hacer pública la existencia de las órdenes, el nombre de los sospechosos, los delitos y las modalidades de responsabilidad establecidas por la Sala.
“Vladímir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia”, dice la acusación formal que argumenta la emisión de la orden de arresto.
Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el “territorio ocupado de Ucrania”, señaló la CPI, que considera que hay “motivos razonables” para creer que Putin tiene “responsabilidad penal individual” por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.
La responsabilidad individual de Putin, como jefe de Estado y responsable superior, podría traducirse tanto en “haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros”, o por “no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos o permitieron su comisión y estaban bajo su control y autoridad efectiva”, según se explica en el artículo 28 del tratado fundacional de la CPI.
En lo que respecta a Lvova-Belova (1984), la CPI considera que tiene “responsabilidad penal individual” por el mismo tipo de crimen de guerra tras “haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros” desde el 24 de febrero del año pasado, fecha en la que comenzó la invasión rusa de Ucrania.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó al tribunal autorización para emitir estas dos órdenes de detención el pasado 22 de febrero, según comunicó hoy la CPI.
Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra durante la invasión rusa.
