Tamaulipas es el segundo estado donde más desaparecen o sustraen menores de edad. Tan solo durante 2021 se tuvieron 190 casos, informó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
En el país se perdió el rastro el año pasado a 1,896 infantes, adolescentes y jóvenes. Concentran alrededor de un 40% de los registros el Estado de México (23.1%), Tamaulipas (10.4%) y Jalisco (7.5%).
Por violencia de la delincuencia organizada y hasta la generada en los propios hogares, han desaparecido 438, 190 y 142 menores en doce meses, respectivamente.
Se trata de víctimas de cero a 17 años de edad, por cuya desaparición se abrieron 149 carpetas de investigación en la entidad tamaulipeca, cifra que no corresponde a la estadística del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hizo ver la Red por los Derechos de la Infancia en México.
79 de esas 149 indagatorias ya fueron cerradas. Así lo dio a conocer a Redim la Fiscalía General de Justicia del Estado, mediante una solicitud de información pública con oficio FGJET/DGAJDH/IP/5503/2022.
Al conmemorarse este martes 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el organismo no gubernamental presentó un nuevo informe estadístico sobre el impacto de este delito entre los menores de edad.
De las 190 desapariciones de infantes, jóvenes y adolescentes en la geografía estatal, la Fiscalía no proporcionó toda la información que se le requirió.
Ante ello, Redim apuntó que “llama la atención la poca información pública, pues solo se indica que en cada una de las localizaciones se realiza a los menores examen psicológico, médico y los que resulten necesarios”. Además, se menciona que el personal policial presenta a los menores ante el Ministerio Público respectivo con los datos de la localización.
Sin embargo, al querer profundizar en los datos, solo se precisó en 11 registros, que cuatro casos correspondieron a sustracción de menores, tres víctimas sufrieron violencia psicológica, dos agresiones físicas, uno fue desaparición cometida por particulares y un homicidio. Del resto no se especificó.
“Ningún otro detalle, ¿qué les ocurrió?, ¿en qué condiciones vivieron durante el tiempo que estuvieron desaparecidos o qué situaciones atravesaron?, ¿qué ocurrió a los demás menores desaparecidos?”, cuestiona Redim.
Tampoco se aporta el perfil de las víctimas, pues la fiscalía tamaulipeca se limitó a contestar “no se cuenta con la información”. Por lo tanto, se ignoran datos elementales como el grado de escolaridad de los afectados.
La Red recomienda crear unidades de análisis de contexto en todas las fiscalías especializadas y comisiones locales de búsqueda, incluir estas últimas en las coordinaciones estatales del programa Alerta Ámber para permitir a dichas instituciones detonar la alerta y no tener que esperar a que la fiscalía respectiva lo haga.
Con información de Milenio.
